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Compra Pública Verde

El término de compra pública verde fue acuñado en la Cumbre de la Tierra de Johanesburgo celebrada en 2002, y se refiere al conjunto de iniciativas y acciones desarrolladas en los procesos de compra y contratación para mejorar el comportamiento ambiental interno de la administración pública. Los procesos de compra y contratación pública verde se basan en la adquisición de bienes y servicios que cumplen con una serie de compromisos o reglamentos que certifican su sostenibilidad, tanto en los procesos productivos, como en los propios productos.

El marco legislativo nacional para la incorporación de la compra pública verde lo define la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público. Esta ley supone la transposición de la Directiva 2004/18/CE, y se desarrolla de forma parcial a través del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo.

Con anterioridad a la definición del marco normativo expuesto, España ya había trabajado en el desarrollo de instrumentos que permitiesen la implantación de la compra pública verde. Es el caso de la Comisión Interministerial para la Incorporación de Criterios Ambientales en la Contratación Pública, creada en 2006. Este organismo a su vez fue el encargado de la redacción del Plan de Contratación Pública Verde, aprobado por Consejo de ministros en 2008. El objetivo del mismo es potenciar los procesos de compra pública verde por parte de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos.

Por lo que se refiere al Principado de Asturias, el Programa de Medidas Institucionales de Mitigación del Cambio Climático, constituye la herramienta de aplicación de la compra pública verde en la región.
 

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